jueves, 21 de junio de 2007

Kriminalización de la protesta

Desde su asunción, el gobierno de Néstor Kirchner ha aplicado una política de represión y criminalización de la protesta, cuyas últimas expresiones fueron el violento desalojo policial de los trabajadores del Casino, frente al Ministerio de Trabajo el 5 de junio pasado, y la sanción de la Ley Antiterrorista. Pero esto no es nada nuevo para el autoproclamado “gobierno de los Derechos Humanos”, que ha demostrado sobradas veces su voluntad de disciplinar a los sectores en lucha.
En Santa Cruz (provincia que el presidente sigue gobernando a distancia), es responsable de la represión y persecución contra los trabajadores petroleros y docentes, y contra el pueblo santacruceño en general mediante la militarización y la censura. En la ciudad de Buenos Aires, sólo por nombrar casos emblemáticos, ha ejercido la violencia en la Legislatura, en la protesta por la visita del presidente del FMI Rodrigo Rato, en las revueltas populares de Haedo y Constitución y durante los conflictos en el Hospital Garrahan y el Francés. Desde la finalización de la última dictadura militar, el gobierno de Kirchner es el que más presos políticos ha tenido, y día a día suma más procesos contra luchadores.
Cada uno de los conflictos gremiales en los que no se aceptaron los límites impuestos por el gobierno, tuvieron como consecuencia la apertura de causas penales, en las cuales se encuentran imputados o procesados compañeros cuyo “delito” es luchar por reivindicaciones justas. Enumerar cada caso en estos párrafos resulta imposible, pero creemos importante destacar que tal cantidad de causas demuestra una lógica constante por parte del gobierno, que es la de utilizar el poder judicial para combatir la protesta.
No es casualidad que sean los trabajadores organizados uno de los sectores hacia los cuales se ensaña con más fuerza este gobierno, apoyado en cierto modo en las campañas de mano dura y tolerancia cero contra las protestas que los medios masivos llevan adelante. La gestión K ha demostrado que está dispuesta a avanzar en la recuperación económica del país, siempre y cuando el reparto de la riqueza siga beneficiando a los mismos de siempre.
Tampoco es un capricho la persecución selectiva hacia los compañeros de Quebracho, que han protagonizado diversas manifestaciones contra la política represiva y entreguista del gobierno. En este caso, dicha agrupación además es víctima de una demonización operada desde los medios de comunicación, de una virulencia propia del discurso de los “dos demonios” que el mismo gobierno dice repudiar.
La criminalización de la protesta (en sus dos formas, la represión abierta y la persecución judicial selectiva) es la verdadera cara de este gobierno, que aunque siga hipócritamente apropiándose de las consignas históricas por los Derechos Humanos, continúa violando esos derechos en cada caso de gatillo fácil, cada conflicto violentamente reprimido y cada proceso abierto contra un luchador popular, continuando así a grandes trazos la política socio-económica impuesta por la dictadura militar.

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