lunes, 20 de agosto de 2007

COMUNICADO

EXIGIMOS REFUGIO POLITICO PARA LA FAMILIA CABALLERO- DULANTO

El 6 de abril de 1993, César Enrique Caballero Melgarejo fue detenido en Lima, Perú, por un incidente callejero. César era obrero y estudiante universitario, lo cual, en aquellos tiempos de la feroz persecución política del gobierno de Fujimori, era sinónimo de “terrorista”. Con declaraciones de testigos presionados por amenazas y torturas, fue acusado por terrorismo y juzgado por los Tribunales Especiales Antiterroristas, constituidos por jueces militares con identidad secreta, tristemente conocidos como los “tribunales sin rostro”. En estos procesos no existía el derecho de defensa de los acusados y la prueba fundamental consistía en el “atestado policial” que es el dictamen que realiza la policía política (DINCOTE) en cada caso que interviene. Con esta farsa legal el compañero fue condenado a 20 años de prisión.
En el penal sufrió las terribles condiciones de detención que eran comunes a los presos políticos peruanos: torturas sistemáticas, castigos, aislamiento, falta de alimento, de abrigo, de higiene y de luz natural, y constantes trabas para permitir la visita de sus familiares.
La lucha popular y las constantes denuncias por estas violaciones a los derechos humanos, que transgredían todos los pactos internacionales firmados por el Estado peruano, presionaron al Tribunal Constitucional de ese país para que exigiera la modificación de las leyes antiterroristas. En 2003, una reforma legislativa ordenó anular los procesos “antiterroristas” en trámite o con sentencia firme, sólo respecto de la participación de jueces y fiscales “sin rostro”. Por lo tanto, las causas fueron reiniciadas, esta vez con jueces y fiscales identificados, pero sigue vigente hasta hoy el fuero especial “antiterrorista” y la consideración como “plena prueba” del denominado “atestado policial”.
Con el reinicio de las causas, los detenidos eran informados de la apertura del proceso y de la orden de detención por la cual seguirían privados de su libertad. Esto nunca le fue notificado a César Caballero Melgarejo, porque su expediente había desaparecido. Pese a esto, y a que no existía ninguna orden judicial por la cual pudiera estar privado de su libertad, ya que la sentencia en su contra había sido declarada nula, siguió detenido dos años más. Solo después de la presentación de dos recursos de Hábeas Corpus el compañero recuperó su libertad, en marzo de 2005, tras 12 años de prisión.
Pero el hostigamiento policial no se detuvo, y ante la falta de garantías y derechos (que significaban la continuidad de las políticas de persecución y amedrentamiento por parte del Estado peruano), el compañero no tuvo otra opción que salir de su país para salvar su vida y su libertad. El 25 de octubre de 2005 llegó a la Argentina junto con su esposa María del Rosario Dulanto Silva y la hija de ambos, Norah Amalia Caballero Dulanto. María Dulanto Silva también había sido hostigada por personal de la policía política (DINCOTE) a partir de la detención de su marido, e inclusive se la quiso involucrar en una causa en el año 1995 por la cual estuvo detenida unos días. Esta persecución aumentó tras la liberación del compañero, situación que obligó a toda la familia a salir del Perú y solicitar el refugio político en Argentina.
Sin embargo, en una resolución fechada el 28 de junio de 2007, el Comité de Elegibilidad Para Refugiados (CEPARE), dependiente del ministerio del Interior argentino, le niega el refugio a estos compañeros argumentando que en el Perú se encontraba plenamente restablecido “el Estado de Derecho y el respeto a las libertades individuales y al debido proceso”, y que los compañeros no tenían “motivos fundados” para temer por su situación.
Esto constituye una falacia total, ya que, como se dijo, siguen vigentes en Perú los fueros especiales “antiterroristas” y una cantidad de normas que permiten a ese Estado continuar ejerciendo la persecución política y la estigmatización de los luchadores opositores con el rótulo de “terroristas”. La falta de garantías mínimas para los detenidos por razones políticas –e incluso para sus abogados–, y la continuidad de las prácticas represivas más aberrantes (torturas, detenciones arbitrarias, homicidios) cometidas impunemente por las fuerzas de seguridad, siguen existiendo en el Perú. Incluso el pasado 22 de julio se promulgó el Decreto Legislativo nº 985 que amplía los supuestos de “terrorismo” a hechos como “dar alojamiento” a un miembro de una “organización terrorista” o “trasladarlo de un lugar a otro”, y pocos días después se aprobó otra norma que deja al libre criterio de las fuerzas policiales y militares el uso de la fuerza.
Además, el actual presidente del Perú, Alan García, está acusado por la muerte de más de un centenar de presos políticos en el penal de “El Frontón” en 1986, que fueron asesinados cuando ya se habían rendido luego de un motín, y por innumerables crímenes cometidos por grupos paramilitares durante su anterior gobierno. Su actual vicepresidente, el almirante (RE) Luis Giampetri Rojas, fue el responsable militar del fusilamiento en el penal de “El Frontón”.
Por otra parte, la Coordinadora de Derechos Humanos del Perú y organismos internacionales como Amnesty International han denunciado en múltiples ocasiones la continuidad de la represión y la criminalización de los conflictos sociales y de las prácticas de persecución, amenazas y todo tipo de abusos cometidos por el Estado. Incluso en un informe presentado este año, Amnesty International manifiesta su preocupación por la existencia de cuatro anteproyectos de ley, promovidos por el Poder Ejecutivo, que establecen la pena de muerte, uno de los cuales lo pide para casos de “terrorismo”.
Asimismo, estos organismos de Derechos Humanos denuncian constantemente que no existen garantías judiciales para los acusados de “terrorismo” ni su derecho de defensa. Es por todo esto que denegar el refugio a los compañeros es condenarlos a la persecución política y judicial que les espera si son extraditados al Perú.
Entendemos que denegar el pedido de refugio político a la familia Caballero- Dulanto implicaría una violación a los convenios internacionales firmados por nuestro país, y por lo tanto resultaría un hecho ilegal e ilegítimo. Por todo esto, y ante el peligro que indudablemente corren estos compañeros exigimos a las autoridades argentinas el reconocimiento de su derecho al refugio político en nuestro país, que resulta por el momento la única garantía con la que esta familia cuenta para resguardar su vida, su integridad física y su libertad.

CARTA DE JOSÉ VILLALBA

Buenos Aires, 12 de agosto de 2007
Reenviamos la carta del compañero José Villalba desda la comisaría Nº 1 de Moreno.

Compañeros:

Les dirijo esta carta sintiendo quizás los mismos sentimientos de rabia por tan injusta prisión. Soy un trabajador al igual que ustedes, que hoy sufre la cárcel por no resignarme a sobrevivir como ellos quieren, y desde mi lugar de lucha, un movimiento de trabajadores desocupados (FUTRADEyO y el Bloque Obrero y Popular) denunciar a éste y los anteriores gobiernos sobre todas las injusticias que ejercen sobre el pueblo trabajador, y para callarnos me armaron una causa nefasta que sólo tiene como fin destruir nuestra organización y atemorizar al pueblo. En rechazo a esta injusticia estoy en huelga de hambre desde el 31/7.
Compañeros, en estos duros momentos que nos toca vivir como presos políticos, donde por lógica, también castigan a nuestras familias de las que somos sostenedores, no debemos bajar los brazos. Ellos no deben derrotarnos, tenemos un futuro porque luchar.
Compañeros, nuestros carceleros son también los carceleros del pueblo trabajador, que en un país donde sembramos, cosechamos y transformamos el trigo en harina, nosotros somos los que no tenemos el pan en nuestras mesas; en un país donde los millones de familias trabajadoras no podemos acceder a la salud y por esto mueren nuestros hijos, hermanos, padres; donde el conocimiento queda sólo para los hijos de los burgueses y para los nuestros el analfabetismo, la drogadicción y la represión; debemos ponernos de pie para evitar que esto continúe. No podemos seguir luchando cada uno por su lado. Por eso les pido que nosotros, los que hoy sufrimos la cárcel, convoquemos a conformar un Frente por la Libertad y el Desprocesamiento de todos los luchadores obreros y populares para que lo trabajemos en conjunto. Es necesario que todos los espacios que venimos construyendo, la Coordinadora Antirrepresiva del Oeste, la Coordinadora por la lIbertad de los Presos Políticos de capital y La Plata, el Espacio Memoria, Verdad y Justicia, la Coordinadora Antirrepresiva del Sur, los unifiquemos en un plan de lucha común que sea el puntapié inicial de una coordinadora nacional que nos nutra de una herramienta tan necesaria de la que hoy por hoy carecemos. Necesitamos la fuerza de la unidad.
Es el momento que las organizaciones piqueteras, sociales, estudiantiles, universitarias, gremiales, campesinas, de los pueblos originarios y políticas vean que este gobierno de Kirchner ha profundizado su carácter represivo y antiobrero y popular, que ha violado todos nuestros derechos, que sólo sirve a los intereses de su propia clase.
Compañeros, seamos los impulsores de esta iniciativa, hagámoslo juntos porque así estamos a pesar de las distancias y diferencias. Que nuestra fe en nuestro pueblo sirva para unir a todas las organizaciones, a todos los trabajadores que quieran un futuro donde no nos digan que la desnutrición y muerte no es una enfermedad, porque nosotros hoy decimos que sí lo es. Es una enfermedad social, que sólo nosotros los trabajadores podemos erradicar.
Sabemos que hoy nos cuesta unificar, pero todos somos conscientes que si no lo hacemos ya no sólo nosotros no podremos salir de la cárcel sino que más compañeros de lucha caerán y, con ello, la burguesía y el Imperialismo podrán desarticular los gérmenes de organización de la clase y el pueblo. Seguir luchando sin unificar desde las acciones hasta la propaganda es un avance para el Estado. Será de aquí en más moneda corriente encarcelar a trabajadores, dirigentes políticos, sociales, militantes… No son las acciones dipersas las que nos liberarán sino un plan de lucha unificado que pegue con tanta fuerza como el golpe que ellos nos están dando. Empecemos por unificar una acción común un mismo día y con un pliego común, que sea lo suficientemente contundente como para presionar por la libertad de todos los presos políticos.
Compañeros, seamos conscientes que nuestra libertad está en nuestras manos, que el enemigo cuenta con toda una serie de leyes para aplicarnos a los que luchamos por libertad. Por la libertad de comer, de estudiar, de vestirnos, de trabajar, de pensar. Ésta es la libertad por la que luchamos. Por eso estamos presos, porque no vamos a resignarnos a que nuestros hijos se mueran de hambre. Porque no hay cárcel que detenga está lucha. Porque no hay rejas que puedan encerrar la rebeldía. Y no hay balas que puedan matar nuestras ideas.
Compañeros, levantémonos por las conquistas de nuestros derechos violentados, no más desaparecidos, ni obreros asesinados, ni presos, ni procesados. Compañeros, mis pensamientos y mi fuerza está con ustedes.
Los saludo con profundo respeto y espero su respuesta.


José Villalba
Preso Político
Desde la Comisaría 1ª de Moreno

lunes, 23 de julio de 2007

APEMIA - Documento 18 de julio 2007

Hoy… al cumplirse 13 años del atentado en la calle Pasteur, levantamos nuevamente esta tribuna para denunciar que bajo el gobierno de Kirchner continúa la impunidad, la falta de justicia y el encubrimiento de los responsables de esta masacre, que se cobró la vida de nuestros familiares y amigos en la AMIA.
En esta oportunidad, y en medio de tanta publicidad oficial sobre los supuestos logros y avances en el tema AMIA, venimos a denunciar que el gobierno de Kirchner, que prometió terminar con esta vergüenza nacional, está terminando, en realidad, con cualquier posibilidad de investigación y de juicio y castigo a los culpables.
Tratan de diferenciarse de gobiernos pasados, pero usan el mismo estilo de cada uno de ellos desde el menemismo para acá: aprovechan un nuevo aniversario para llenarse la boca de supuestos avances para dar con los responsables criminales que están a miles de kilómetros de distancia…pero reconocen que no persiguen ni siquiera a los encubridores que tienen a la mano.
El gobierno nacional es el responsable de esta situación de parálisis producto de los acuerdos internacionales que vienen tejiendo desde hace más de un año, en complicidad con las direcciones de DAIA y AMIA, para poner el tema AMIA al servicio de las políticas de guerra y agresión en Medio Oriente.
Y como una muestra de esos supuestos avances, han tenido el descaro de firmar un nuevo decreto de duelo nacional, en el cual el gobierno iguala el significado del duelo a un "acto permanente de repudio y condena".
El Presidente sabe que el duelo terminó…lo impresionante es que en nombre de supuestos avances y promesas de futuros cambios pretenda orientar por decreto las condenas que no pudo impulsar en sus más de 4 años de gobierno!!!!
Es más: lejos de condolerse con los damnificados y las víctimas, define el ataque a la AMIA como "una agresión a los valores éticos y jurídicos".
Sr. Presidente: los agredidos fuimos nosotros y nuestros familiares y amigos asesinados. Usted sale en defensa de esos "valores éticos y jurídicos" que permitieron al Estado argentino ser el encubridor agravado del ataque a la AMIA. Usted presenta al Estado como la víctima de un "ataque a la soberanía de la Nación" y no como lo que es: cómplice y victimario de nuestros familiares y amigos.
Cuando el Estado está empeñado en quitarse toda responsabilidad por su propia acción criminal y encubridora, buscando acusar a terceros Estados de ser la conexión internacional del atentado a la AMIA en base a pruebas secretas de origen espurio…cuando busca satisfacer acuerdos internacionales que permitan declarar "zona liberada" a la Triple Frontera para que Estados Unidos instale allí una fuerza militar permanente….¿¿¿quién es el que entrega la soberanía nacional, quién es el victimario que se atreve a colocarse en el lugar de la víctima, sino el propio gobierno de Kirchner???
La bomba en la AMIA ha sido un verdadero acto de terrorismo de Estado en democracia y hoy estamos aquí junto a quienes han sostenido una lucha inquebrantable en contra del terrorismo de Estado de la dictadura, desde hace más de 30 años.
En esta oportunidad, el dolor y la impunidad que nos atraviesan por el crimen de la AMIA se han multiplicado por la desaparición del compañero Jorge Julio López y por el asesinato del maestro Carlos Fuentealba.
Y porque compartimos el dolor y nos hermana la lucha contra la misma impunidad, es que hoy tenemos el orgullo de compartir este acto con el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, junto a quien también denunciamos la responsabilidad del gobierno por el encubrimiento del secuestro de López, cuando se cumplen 10 meses de su desaparición.
No es casualidad que hoy estemos aquí junto a los Familiares y Sobrevivientes de la masacre de Cromañón, junto a los jóvenes universitarios, junto a las organizaciones que luchan por la libertad de los presos políticos y contra la represión policial….
No es casualidad que sigamos denunciando y resistiendo los embates de las políticas de manoseo, encubrimiento y criminalidad estatal del gobierno de Kirchner, cuando sus medios de prensa nos ningunean, censuran y pretenden aislarnos del conjunto de la sociedad, sistemáticamente….
No es casualidad, porque este acto de oposición a las políticas de Estado de encubrimiento, impunidad y complicidad criminal no es otra cosa que el resultado de un esfuerzo compartido por instalar una agenda de lucha contra la impunidad en nuestro país.
Tampoco es casualidad que en el acto de esta mañana, estuvieran presentes Kirchner y su esposa, junto a los embajadores de los Estados Unidos, Israel y otros países de la OTAN. Después de haber faltado el año pasado al acto oficial, el matrimonio presidencial volvió…Volvieron para felicitarse junto a sus anfitriones por los resultados obtenidos, producto de los compromisos internacionales que asumieron: poner al país detrás del apoyo incondicional al dictamen del fiscal Nisman y de la sanción de la ley antiterrorista.
Diez años atrás, la dirección de AMIA y DAIA cruzaba la Plaza de Mayo para pedirle disculpas al gobierno porque habíamos acusado a Menem y a Duhalde "de encubrir la conexión local que sirvió para matar a nuestros familiares".
En plena campaña electoral, hoy es el gobierno de Kirchner quien cruza la Plaza de Mayo para honrar los compromisos asumidos con el Departamento de Estado, la Embajada de Israel y el Comité Judío Americano, quien exigió estas políticas para –literalmente– "cerrar este episodio trágico de la historia argentina".
Nosotros denunciamos que el camino del compromiso internacional con los mismos países que acompañaron el encubrimiento es el camino que bloquea cualquier posibilidad de investigación y va en contra del esclarecimiento de la masacre de la AMIA.
Por eso, la presencia de Cristina Kirchner en el acto oficial tiene como único sentido la ratificación de esos compromisos que ella misma articuló en Washington, en Tel Aviv, en Venezuela y en Buenos Aires, y así convierte a este nuevo aniversario en su plataforma de lanzamiento a la carrera por la Presidencia de la Nación. Estos son los únicos avances que el gobierno tiene para mostrar: los que tienen que ver con el reforzamiento de sus vínculos internacionales, con el único objeto de poner el tema AMIA al servicio de la guerra de agresión en Medio Oriente, al servicio de los gobiernos más repudiados del planeta, los gobiernos de Bush y Olmert.
¿Entonces, de qué habla el gobierno cuando dice que hay avances en la investigación del ataque a la AMIA?
Al respaldar al fiscal Nisman, el gobierno oculta que su dictamen es un refrito del informe que la SIDE elaboró bajo el gobierno de Duhalde con los aportes de la CIA y el Mossad.
Son los mismos viejos métodos que Nisman usaba en el pasado, cuando acompañaba a Galeano y a los fiscales Mullen y Barbaccia, que liquidaron las acusaciones contra Telleldín y la Bonaerense, y terminaron con la libertad de todos los imputados. Con fundamentos basados en "secretos" de Inteligencia, los nuevos pedidos de captura de Nisman no son ningún avance ni aporte a las viejas promesas de verdad y justicia.
Nisman y el juez Canicoba Corral no avanzan un milímetro en esclarecer nada… pero tienen el coraje de pretender ser los fundadores de una nueva jurisprudencia internacional: un nuevo concepto jurídico de Terrorismo de Estado y/o Genocidio, en el cual habría "Estados víctimas" y "Estados victimarios". Se trata de una violación de los principios internacionales que se definieron hace años y fueron aceptados incluso por Argentina: el "Terrorismo de Estado" no es otra cosa que el que practican los Estados contra su población civil.
Por eso decimos que este dictamen no está motivado ni en la búsqueda de la verdad ni en investigación alguna de la Fiscalía, sino que busca liquidar formalmente la conexión local para exculpar al Estado Argentino de su responsabilidad criminal en la masacre de nuestros familiares en la AMIA.
No sólo no investigan las responsabilidades locales… Cuando Kirchner, Canicoba Corral y Nisman hacen esta acusación internacional y se comprometen con sus socios para sostener este entramado, lo que hacen es ocultar la complicidad de esos mismos Estados socios en el encubrimiento del Estado argentino durante tantos años.
El fiscal oculta la verdad y las pruebas. ¡¡Por eso exigimos la inmediata renuncia de Nisman!!
Los propagandistas oficiales tampoco tienen éxito cuando intentan mostrar avances para condenar, al menos, a los "encubridores".
¿Alguien puede creer en la promesa de un nuevo juicio, ahora para Galeano, Anzorreguy y los fiscales, quienes ni siquiera fueron acusados por haber integrado la asociación ilícita del Estado que le pagó los u$s 400.000 a Telleldín?
La vieja promesa de identificar a los culpables con el futuro entrecruzamiento de 300 millones de llamadas telefónicas realizadas en 1994, ¿no es una tomadura de pelo que vienen prometiendo por lo menos desde hace 3 años?
¿Se puede presentar como un “avance” la condena a prisión del ex-comisario Castañeda, responsable de la desaparición de 66 cassettes de escuchas telefónicas, que sigue en libertad?
¿O del compromiso de "ir a fondo" contra Menem y Corach cuando se acercan las elecciones de octubre, y ni siquiera el juez Lijo piensa en acusarlos?
¿Estos son los "avances trascendentes" de los que habla Alejandro Slokar, subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia a cargo de la Unidad AMIA?
El gobierno no puede reconocer ni sus propios fracasos…
Después de impulsar el llamado "juicio histórico", Kirchner dijo que se trataba de un "entretenimiento"… Después de que sus ministros alentaran la libertad de los policías inculpados y aplaudieran a los jueces "valientes", Galeano y el ex-comisario Castañeda siguen en libertad…
Después de firmar decretos para abrir los archivos secretos, los mantiene cerrados…
Después de haber probado los pagos ilegales, el ocultamiento y la destrucción de pruebas, rescata a las fuerzas de seguridad e inteligencia que intervinieron en la comisión del atentado y en su posterior encubrimiento…
Después de decir que no se ata las manos ante ninguna impunidad, no mete presos ni siquiera a los encubridores.
Así, en lugar de terminar con la "vergüenza nacional", el Presidente pone un punto final a cualquier posibilidad de investigación y esclarecimiento del atentado, de la mano de DAIA/AMIA y de los Estados que lo encubren. Por eso hay impunidad.
Hace exactamente un año, intentando responder las críticas por la falta de resultados en la investigación que le formularon otros familiares, Kirchner dijo "No soy Mandrake", como si luchar contra la impunidad fuera un problema de magia…
No se trata de ser Mandrake… Él mismo reconoció su impotencia ante los crímenes del terrorismo de Estado, diciendo: "No puedo encontrar lo que pasó totalmente hace 30 años como no lo podemos hacer ahora … vayamos a las cuevas a buscar a los que tienen responsabilidad".
Pero las llaves para abrir esas cuevas donde se ocultan los archivos secretos están en sus manos. Allí encontraremos a los responsables del crimen de la AMIA, a los responsables de la desaparición de Julio López, a los responsables ideológicos de la masacre del Puente Pueyrredón y de la voladura de Río Tercero.
El gobierno no abre las cuevas porque no le importa ni el juicio ni el castigo a los responsables de tanta criminalidad, mientras abusa de la demagogia para intentar mostrar que "algo hacen".
Nuestra consigna de "apertura inmediata de los archivos" que se actualiza día a día atraviesa los reclamos de verdad y justicia de muchos crímenes que hoy permanecen impunes. ¿Por qué? Porque en los archivos secretos se ocultan las responsabilidades criminales del Estado. Preservar el secreto de Estado es un principio de autodefensa para ocultar las prácticas de terrorismo de Estado aquí y en el mundo entero.
Cuando lo que se hace es enterrar cualquier investigación en nombre de supuestos "avances", las maniobras se convierten en una política de Estado que no puede ocultar que el gobierno no tiene NADA para mostrar que satisfaga nuestros reclamos.
Kirchner sigue manipulando la falta de esclarecimiento de la masacre de la AMIA para justificar la reciente sanción de la ley antiterrorista reclamada por la DAIA, la AMIA, el Departamento de Estado y el Comité Judío Americano hace varios años.
En el país de los 30.000 desaparecidos y del terrorismo de Estado practicado bajo la dictadura o bajo gobiernos democráticos, en el país de los desaparecidos Jorge Julio López y Gerez, en el país de la maldita bonaerense de Etchecolatz y de Ribelli y del "gatillo fácil", mientras la Corte Suprema anula el indulto a los genocidas y busca la manera de que no vayan presos, y cuando resulta evidente la responsabilidad estatal en el ataque a Río Tercero, la ley antiterrorista no viene a esclarecer ninguno de estos crímenes ni a imputar a sus responsables. Esta ley la van a usar para perseguirnos a nosotros, a la sociedad toda, a todos aquellos que enfrentamos al Estado en esta lucha contra la impunidad.
Por eso repudiamos la ley antiterrorista y exigimos su inmediata derogación. La pretensión gubernamental de "colgarle" al ataque a la AMIA el cartel de "terrorismo internacional" para justificar la sanción de esta ley y colocar al Estado argentino como víctima no resiste el menor análisis, porque fue el mismo Estado nacional quien reconoció por Decreto ser el encubridor agravado de este ataque terrorista.
Estamos convencidos de que hay una salida contra la impunidad y es enfrentar al Estado que la organiza y nos la impone. Por eso estamos aquí, como también estaremos presentes cuando se cumpla un año de la desaparición de Jorge Julio López como parte de una campaña nacional de lucha contra la impunidad estatal hasta lograr el esclarecimiento de todos los crímenes de la impunidad de ayer y de hoy.

Por eso decimos:

A 13 años de la masacre de la AMIA
A 12 años de la voladura de Río Tercero
A 6 años de las jornadas del 19 y 20 de diciembre
A 5 años de la masacre del Puente Pueyrredón
A 30 meses de la masacre de Cromañón
A 10 meses de la desaparición de Jorge Julio López
A 3 meses del asesinato de Carlos Fuentealba
Y cuando día a día se suman más víctimas del gatillo fácil, exigimos

Basta de impunidad y de encubrimiento!!!
Aparición con vida de Jorge Julio López!!!
No a la ley antiterrorista!!!
Que el gobierno abra los archivos secretos
y los entregue a una Comisión Investigadora Independiente!!!
Juicio y castigo para todos los culpables!!!
APEMIA
(Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA)

jueves, 21 de junio de 2007

Kriminalización de la protesta

Desde su asunción, el gobierno de Néstor Kirchner ha aplicado una política de represión y criminalización de la protesta, cuyas últimas expresiones fueron el violento desalojo policial de los trabajadores del Casino, frente al Ministerio de Trabajo el 5 de junio pasado, y la sanción de la Ley Antiterrorista. Pero esto no es nada nuevo para el autoproclamado “gobierno de los Derechos Humanos”, que ha demostrado sobradas veces su voluntad de disciplinar a los sectores en lucha.
En Santa Cruz (provincia que el presidente sigue gobernando a distancia), es responsable de la represión y persecución contra los trabajadores petroleros y docentes, y contra el pueblo santacruceño en general mediante la militarización y la censura. En la ciudad de Buenos Aires, sólo por nombrar casos emblemáticos, ha ejercido la violencia en la Legislatura, en la protesta por la visita del presidente del FMI Rodrigo Rato, en las revueltas populares de Haedo y Constitución y durante los conflictos en el Hospital Garrahan y el Francés. Desde la finalización de la última dictadura militar, el gobierno de Kirchner es el que más presos políticos ha tenido, y día a día suma más procesos contra luchadores.
Cada uno de los conflictos gremiales en los que no se aceptaron los límites impuestos por el gobierno, tuvieron como consecuencia la apertura de causas penales, en las cuales se encuentran imputados o procesados compañeros cuyo “delito” es luchar por reivindicaciones justas. Enumerar cada caso en estos párrafos resulta imposible, pero creemos importante destacar que tal cantidad de causas demuestra una lógica constante por parte del gobierno, que es la de utilizar el poder judicial para combatir la protesta.
No es casualidad que sean los trabajadores organizados uno de los sectores hacia los cuales se ensaña con más fuerza este gobierno, apoyado en cierto modo en las campañas de mano dura y tolerancia cero contra las protestas que los medios masivos llevan adelante. La gestión K ha demostrado que está dispuesta a avanzar en la recuperación económica del país, siempre y cuando el reparto de la riqueza siga beneficiando a los mismos de siempre.
Tampoco es un capricho la persecución selectiva hacia los compañeros de Quebracho, que han protagonizado diversas manifestaciones contra la política represiva y entreguista del gobierno. En este caso, dicha agrupación además es víctima de una demonización operada desde los medios de comunicación, de una virulencia propia del discurso de los “dos demonios” que el mismo gobierno dice repudiar.
La criminalización de la protesta (en sus dos formas, la represión abierta y la persecución judicial selectiva) es la verdadera cara de este gobierno, que aunque siga hipócritamente apropiándose de las consignas históricas por los Derechos Humanos, continúa violando esos derechos en cada caso de gatillo fácil, cada conflicto violentamente reprimido y cada proceso abierto contra un luchador popular, continuando así a grandes trazos la política socio-económica impuesta por la dictadura militar.

sábado, 9 de junio de 2007

Consulta popular sobre la policía porteña - Declaración de Correpi Sur

"CONSULTA POPULAR" SOBRE LA POLICÍA PORTEÑA:
EL VIEJO TRUCO DE CAMBIAR ALGO PARA QUE TODO SIGA IGUAL


Con muchas idas y vueltas, el gobierno porteño sigue proyectando realizar el próximo 24 de junio –en coincidencia con el ballotage para definir quién sucederá a Telerman–, la consulta popular sobre la creación de un cuerpo policial de la ciudad de Buenos Aires. En numerosos documentos anteriores hemos caracterizado el rol de las fuerzas policiales y denunciado su accionar criminal. Hoy, en el contexto de una campaña por la "seguridad" nada nueva –que no es otra cosa que una de las formas de la política de criminalización de la pobreza y de judicialización de la protesta–, tanto el actual jefe de gobierno de la ciudad como los principales candidatos a reemplazarlo coinciden en la idea de traspasar una parte de la PFA a competencia de la administración local.
La (extensa y engañosa) pregunta que se deberá responder es: "¿Está de acuerdo con que el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires promueva durante el año 2007 la creación de una policía con competencia en materia contravencional y de faltas, mientras sigue reclamando al Gobierno Federal la transferencia de los servicios de prevención y represión del delito que actualmente presta la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal y los recursos presupuestarios correspondientes?".
La propuesta de Telerman en este sentido es crear una fuerza propia, integrando los 800 efectivos de la Dirección General de Policía Comunitaria de la P.F.A. y, en el futuro, ir sumando otros efectivos de la misma institución. Pero además indica que la policía contravencional o de faltas debería estar armada, con lo cual la persecución a las contravenciones (más allá de ser inconstitucionales, como hemos planteado oportunamente), causarían un peligro mayor al que supuestamente intentan evitar.
Otros proyectos presentados en la Legislatura por diputados kirchneristas, macristas y de otras procedencias, añaden que esta nueva fuerza podría realizar detenciones por averiguación de identidad, facultad que viola claramente tanto la Constitución Nacional como la de la Ciudad de Buenos Aires y, por supuesto, el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Bulacio, que ordenó al Estado argentino poner fin a toda norma que permitiera detenciones arbitrarias.
La postura de Macri, vinculada a una política de mano dura y represión contra manifestantes y desposeídos, es suficientemente conocida. La de Filmus incluye el "traspaso progresivo de la Policía a la Ciudad" (muy similar a la del actual jefe de gobierno, más allá de los fuegos de artificio entre ambos), la creación de una Policía de Tránsito (no por el grave problema de la inseguridad vial, sino para "reasignar las funciones que cumple hoy la Policía Federal en esta materia"), poner más efectivos en la calle (tema mencionado dos veces en cuatro párrafos, que también es tratado por Telerman, sin que ninguno explique cómo evitaría el predecible aumento del número de muertos y heridos por gatillo fácil), "fortalecer el control policial sobre la institución policial y el contacto del barrio con su fuerza de seguridad" mediante la adecuación de los límites de las comisarías a los de las comunas, sin explicar tampoco cuál sería la fórmula mágica que permitiría lograr esos objetivos mediante un simple rediseño de los límites de las seccionales. Por otra parte, ninguno de ellos menciona siquiera un tratamiento de los problemas de la seguridad en el trabajo o la seguridad alimentaria, entre otros muchos aspectos del problema.
Más allá de estos importantes datos a tener en cuenta, nuestro interés puntual es denunciar, una vez más, el carácter represivo intrínseco de la PFA y de todo cuerpo institucional dedicado a ejercer el control social, por lo que todo nuevo disfraz, nombre, "purga" o cambio de mando no modificará su función: sostener los principios de la sociedad burguesa a la que responden y pertenecen. En su acción cotidiana, esto significa defender los bienes y derechos de quienes han podido acceder a ellos. Por lo tanto, en una sociedad capitalista, en la que la brecha entre ricos y pobres sigue creciendo, ninguna policía podría ser garante de los derechos humanos, aunque estuviera formada por personas sin antecedentes represivos y sus normas de actuación fueran las más democráticas, ya que su práctica necesariamente estará enmarcada en los intereses de la clase dominante.
La PFA es una institución cuyas prácticas sistemáticas, consentidas y en muchos casos especialmente fomentadas desde el Estado, son el producto de una larga tradición de crímenes contra los luchadores, los trabajadores y los pobres en general. Ya su antecesora, la Policía de la Capital –que tuvo una "Sección Especial" contra comunistas y otros opositores–, tiene antecedentes notables como el de Ramón L. Falcón –cuyo nombre ostenta la Escuela de Cadetes­–, especialista en reprimir movilizaciones y desalojar brutalmente conventillos; como Leopoldo Lugones (hijo), a quien se le atribuyen las primeras utilizaciones represivas de la picana eléctrica en nuestro país; o como el coronel Calaza, quien desde el cuerpo de bomberos fue ejecutor (por orden presidencial) del único cierre del Congreso Nacional durante un gobierno constitucional. La actual PFA está teñida en sangre por la actuación de los torturadores Lombilla y Amoresano hace más de medio siglo; por el comisario general Alberto Villar y otros efectivos vinculados a la Triple A ; por los numerosos centros clandestinos de detención (permanentes o transitorios) entre 1975 y el final de la última dictadura ("El Atlético", "Olimpo", "Orletti", entre muchos otros); la de los asesinatos del 19 y 20 de diciembre de 2001; la de los brutales desalojos y represiones de los trabajadores de Bruckman, de los habitantes del Padelai, de los manifestantes frente a la Legislatura y en numerosos escraches; la de centenares de asesinatos de gatillo fácil, torturas y otros tratos inhumanos y degradantes durante el actual período constitucional; la de las exacciones ilegales a vendedores ambulantes y personas en estado de prostitución; la de las causas fraguadas (en tal número que llevaron a que el 27 de junio de 2000 el Ministerio Público de la Nación creara por la Resolución PGN 35/00 una "Comisión Investigadora de Procedimientos Policiales Fraguados"); la de la corrupción contra sus propios integrantes, que llevó a la remoción de uno de los últimos jefes de la fuerza.
No tenemos entonces ninguna expectativa en la creación de una fuerza nueva, por el contrario, creemos que se trata de un intento más de aggiornar su desprestigiada imagen para que, a fin de cuentas, todo siga igual. Todos queremos vivir en una sociedad segura. Pero "seguridad", para el pueblo, no tiene que ver con represión, sino con la tranquilidad de tener un trabajo y un salario digno, acceso a la vivienda, a la salud y la educación pública y gratuita: deseos genuinos por los que ninguno de los actuales o futuros candidatos del sistema se animaría a hacer una "consulta popular".

CORREPI SUR, 8/6/2007

Documento: 20 años de Budge

A 20 AÑOS DE LA MASACRE DE BUDGE CON LA LARGA LUCHA DEL PUEBLO, LOS ASESINOS FUERON A LA CARCEL
¡¡¡ LA LUCHA CONTINÚA !!!


El 8 de Mayo se cumplen 20 años de la Masacre de Ingeniero Budge donde fueron acribillados Willy, el Negro y Oscar por la policía del gatillo fácil. Después de dos juicios orales y una condena a 11 años de prisión, los 3 policías asesinos se profugaron, gracias a la complicidad de la Policía y el Gobierno. Sin embargo, lejos de irnos a nuestras casas a masticar la bronca, comenzamos una larga campaña popular para encontrar y encarcelar a estos tres asesinos.
Fueron muchos años de luchar contra la impunidad montada por la policía, por esta "Justicia" trucha y por todos los Gobiernos de turno.Sin embargo, la lucha popular nos volvió a demostrar que sigue siendo el camino a seguir, ya que finalmente hemos logrado que los tres asesinos vayan a prisión.
La profundidad y gravedad de la marginación y explotación de los miles de trabajadores y trabajadoras ocupados y desocupados hace que nuestros pibes no solo queden excluidos del sistema de salud, educación, vivienda y de toda contención social sino que sean asesinados por la política del gatillo fácil. Para justificar estos homicidios se criminaliza a las víctimas, poniéndolas en el banquillo de los culpables. Y a los principales asesinos y delincuentes de este país los ampara el poder político y judicial.
Eso sí, al gobierno no le tiembla el pulso a la hora de reprimir cualquier intento de organización y resistencia por parte del pueblo. Esto explica la existencia de tantos presos políticos como los compañeros de la localidad patagónica de Las Heras, el compañero Canteros, preso por participar de la pueblada que incendió la estación ferrocarril de Haedo, los compañeros Joaquín Isasi, Raúl "Boli" Lescano, Fernando Esteche y Martín "Pantera" Lizzano, que se encuentran encarcelados por repudiar, frente al comité de campaña de Sobisch en Capital, el asesinato del docente Carlos Fuentealba. A ellos se le suma el compañero Raúl Paiva, luchador popular peruano, a quien la ACNUR lo reconoce como refugiado político y que a pesar de ello se encuentra detenido en nuestro país desde hace un mes.
La represión policial e institucional es una herramienta que garantiza a este sistema hacer más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. Por eso el gobierno de Kirchner centra la represión y la criminalización de la protesta social sobre aquellos reclamos populares que no puede controlar. Es que éste gobierno sigue defendiendo los intereses de Estados Unidos y la burguesía local, así es que al mismo tiempo que paga la ilegítima y fraudulenta deuda externa con el hambre del pueblo, transa salarios de hambre con la burocracia sindical y ante los que luchan utiliza los métodos represivos de la dictadura.
Toda lucha que no puede ser frenada o cooptada, obtiene como respuesta "oficial" la mano dura y la represión, en ese contexto fue asesinado el compañero docente Carlos Fuentealba, con una cápsula de gas disparada en la cabeza por la policía de la provincia de Neuquén, cuando se encontraba en un corte de ruta luchando por aumento salarial, al mismo tiempo que lo hacían otros docentes en diferentes puntos del país, como Salta y Santa Cruz.
Hace un año denunciábamos la feroz represión que el gobierno encomendó a la gendarmería contra los compañeros petroleros de Las Heras, ahora vemos como en Santa Cruz se reprime a los trabajadores municipales y docentes.
Asimismo, seguimos movilizados para exigir la aparición con vida del compañero Julio López, testigo desaparecido en septiembre del año pasado, luego de declarar como testigo en el juicio contra Etchecolatz, en el cual gracias a la lucha del pueblo y de los organismos de DDHH, se logró mandar a la cárcel a este genocida.
A la represión digitada en forma directa por el Gobierno, se le ha sumad -con el secuestro y desaparición de un militante del campo popular– nuevamente el accionar de los grupos de tareas al estilo de los que lideraba Etchecolatz en hechos como La Noche de los Lápices.
Los secuestros de Ramiro (militante de HIJOS) y de Carlos Leiva (militante del FPDS) confirman, como ya lo mostraba la desaparición de López, que no se trata simplemente de un grupo aislado disconforme con los juicios que llevamos adelante las organizaciones en lucha, de trabajadores, estudiantes y de DDHH, sino de grupos de tareas que se nutren y reciben la colaboración de las fuerzas policiales y de inteligencia estatal.
Pero no podrán detener, la lucha popular por el juicio y castigo a todos los asesinos de ayer y de hoy. EXIGIMOS AL GOBIERNO LA APARICIÓN CON VIDA YA DE JORGE JULIO LÓPEZ.
Las luchas populares se extienden por todo el país. La zona sur del conurbano bonaerense no es la excepción: en estos momentos se viene llevando una dura lucha por lograr la reincorporación de 4 trabajadores de ATE Sur que fueron pasados a disponibilidad en el Centro de Recepción de Menores por haber ejercido el legítimo derecho de huelga. Al mismo tiempo, el Foro Hídrico continúa dando pelea contra las políticas del gobierno, que pretenden condenar a vivir a merced de las inundaciones a todos los vecinos de los barrios periféricos, mientras tratan de garantizar la excelencia y el confort para los residentes de las zonas céntricas. Otro ejemplo, es la lucha de los carreros de Lomas de Zamora, que se han organizado para defender su derecho al trabajo, ya que la Municipalidad y la policía los intimidaba y perseguía para que no ingresen a laburar con sus carros a las zonas comerciales del municipio.
Asimismo, desde la Multisectorial CHAU POZO, venimos llevando adelante la pelea por expropiar el edificio donde funcionó uno de los tantos centros clandestinos de torturas y desapariciones en los 70. Hicimos retroceder al gobierno de Solá, aliado de Kirchner en la provincia, en sus varios intentos de utilizar como parte de su cotillón electoral y lavada de cara, la legítima bandera de las organizaciones en lucha de zona sur nucleadas en la Multisectorial "CHAU POZO".
Es evidente que a este Gobierno que se autoproclama "defensor de los derechos humanos", se le cae la careta todo el tiempo. No solo no hizo nada para encarcelar a los asesinos de la Masacre de Budge, sino que sigue utilizando a la policía para "meter bala" y defender los intereses de los ricos, usando el argumento de la "seguridad" para reprimir al pueblo. Pero seguridad nada tiene que ver con represión. Todos queremos vivir en una sociedad segura. Para el pueblo seguridad es tener trabajo, salud y educación pública y gratuita, vivienda digna, derechos laborales. Desde el fin de la dictadura al presente hemos tenido más de dos mil casos de "gatillo fácil". En su inmensa mayoría víctimas pobres, habitantes de barriadas humildes, de asentamiento, de villas, o luchadores populares como Víctor Choque, Teresa Rodríguez, Aníbal Verón, Carlos "Petete" Almirón, Darío Santillán , Maximiliano Kosteki y Carlos Fuentealba, entre tantos otros.
Por eso en este 20º aniversario de la Masacre de Budge, exigiremos nuevamente juicio y castigo para todos los asesinos de ayer y de hoy. La masacre de Budge no fue el primer caso de gatillo fácil sino el primero en que todo un barrio se organizó para pelear contra la impunidad; con este ejemplo de Poder Popular que fuimos creando a lo largo de estos 20 años, con el recuerdo siempre presente de los chicos de Budge, pero también de los 30.000 desaparecidos y de los mas de 2.000 pibes asesinados por la represión policial, con el ejemplo militante de queridos compañeros que fueron artífices de esta lucha como Agustín Ramírez, Carlos "Petete" Almirón y el Toto Zimermann, nosotros seguiremos enfrentado la represión y la impunidad con unidad, organización y lucha, enmarcados en la gran batalla estratégica: la derrota del capitalismo .

TOTO ZIMERMAN: La partida de un imprescindible

TOTO ZIMERMAN: La partida de un imprescindible
"Me gustaría volver a ir al barrio, estar con los familiares, caminar casa por casa, organizar un gran quilombo... pero no, no voy a poder estar para los 20 años de Budge". Estas palabras nos las dijo Toto, la última vez que lo fuimos a visitar al hospital. Toto era así, un ser humano entrañable, de esos que ponen tanta pasión en la lucha como en la vida.
Cuando en el '87 sucedió la "Masacre de Ingeniero Budge" muy pocos lo entendieron. Hasta ese momento la lucha por los Derechos Humanos en nuestro país estaba vinculada fundamentalmente al genocidio perpetrado por la última Dictadura, y él empezó a plantear que el asesinato en manos de la policía de tres pibes pobres que estaban tomando cerveza en la esquina también era una violación a los derechos humanos.

Hoy cuando hablamos de los "excluidos" todos sabemos de lo que hablamos, pero en esos tiempos no era así. El "por algo será" y "en algo andarán" de los milicos, se trasladaba a estas nuevas víctimas. Efectivamente, por algo era: la inmensa mayoría de las víctimas de gatillo fácil eran jóvenes y pobres. Toto insistía en que no eran "excesos" ni "locos sueltos", sino la consecuencia de una política de Estado, la de utilizar la represión como parte del sostén del sistema.
Si en alguna barriada popular lo necesitaban, no había horario ni distancia que impidiera su presencia militante. Toto vió la necesidad de crear un movimiento antirrepresivo, y se avocó a su construcción hasta en los últimos días de su vida. En el año '92 fundó la CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional), en la que militó hasta el 2006, cuando a raíz de profundas diferencias políticas y metodológicas, decide alejarse con un grupo de compañeros para fundar la CORREPI SUR.
Nada lo detuvo en su andar, ni la cárcel, ni las amenazas, ni la quema de su auto a modo de advertencia. Era un tipo odiado por la policía, y a no dudarlo, eso le agradaba. Siempre nos decía: "Los derechos humanos, son los derechos que tiene el pueblo a hacer la revolución".
Todos sabían de su condición de militante comunista, sin embargo tuvo tanta grandeza que nunca pretendió utilizar el movimiento antirrepresivo como mascarón de proa de las políticas de su partido. Entendía que la riqueza del movimiento, estaba dada en la capacidad de organizarse en cada barrio para enfrentar la represión policial e institucional, ya que de esa manera, se construía Poder Popular. Su muerte, es una muerte que nos pesa profundamente, nos duele en el alma, pero no nos inmoviliza, sino que nos compromete a continuar la lucha, con el compromiso y la fraternidad con que lo hacía el Toto.

Sin lugar a dudas, el mejor homenaje que recibió Toto, fue la presencia en su velorio de los familiares de víctimas de "gatillo fácil" y de esa larga fila de carreros, que con sus carros y caballos fueron a despedir a "su" abogado, el abogado de los pobres. Ese día, don Antonio Olivera -padre de uno de los chicos asesinados en la Masacre de Budge- nos dijo que Toto se había ido vencedor. Y era cierto nomás, el viejo no se permitió morirse sin antes encarcelar a los policías responsables de la Masacre. Siempre confió plenamente en el largo brazo de la justicia popular, por eso encabezó personalmente la campaña por la búsqueda de esos tres asesinos.
Y no se equivocó, por eso será difícil olvidar las lágrimas de Toto, el día que cayó Balmaceda, el último de los prófugos. Estaba feliz, les había juramentado a los familiares que algún día verían a los policías tras las rejas, y sentía que había cumplido, que tanta lucha no había sido en vano y que ahora había que seguir andando ese camino.
Solo en una cosa el Toto se equivocó, este 8 de Mayo, cuando se cumplen los 20 años de la Masacre de Budge, él va a estar en el barrio, se abrazará con los familiares, caminará casa por casa, organizará un gran quilombo y será llevado nuevamente en andas por la memoria de un pueblo, que lo mantendrá en su lucha mas vivo que nunca.
Sergio "Cherco" Smietniansky