"CONSULTA POPULAR" SOBRE LA POLICÍA PORTEÑA:
EL VIEJO TRUCO DE CAMBIAR ALGO PARA QUE TODO SIGA IGUAL
Con muchas idas y vueltas, el gobierno porteño sigue proyectando realizar el próximo 24 de junio –en coincidencia con el ballotage para definir quién sucederá a Telerman–, la consulta popular sobre la creación de un cuerpo policial de la ciudad de Buenos Aires. En numerosos documentos anteriores hemos caracterizado el rol de las fuerzas policiales y denunciado su accionar criminal. Hoy, en el contexto de una campaña por la "seguridad" nada nueva –que no es otra cosa que una de las formas de la política de criminalización de la pobreza y de judicialización de la protesta–, tanto el actual jefe de gobierno de la ciudad como los principales candidatos a reemplazarlo coinciden en la idea de traspasar una parte de la PFA a competencia de la administración local.
La (extensa y engañosa) pregunta que se deberá responder es: "¿Está de acuerdo con que el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires promueva durante el año 2007 la creación de una policía con competencia en materia contravencional y de faltas, mientras sigue reclamando al Gobierno Federal la transferencia de los servicios de prevención y represión del delito que actualmente presta la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal y los recursos presupuestarios correspondientes?".
La propuesta de Telerman en este sentido es crear una fuerza propia, integrando los 800 efectivos de la Dirección General de Policía Comunitaria de la P.F.A. y, en el futuro, ir sumando otros efectivos de la misma institución. Pero además indica que la policía contravencional o de faltas debería estar armada, con lo cual la persecución a las contravenciones (más allá de ser inconstitucionales, como hemos planteado oportunamente), causarían un peligro mayor al que supuestamente intentan evitar.
Otros proyectos presentados en la Legislatura por diputados kirchneristas, macristas y de otras procedencias, añaden que esta nueva fuerza podría realizar detenciones por averiguación de identidad, facultad que viola claramente tanto la Constitución Nacional como la de la Ciudad de Buenos Aires y, por supuesto, el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Bulacio, que ordenó al Estado argentino poner fin a toda norma que permitiera detenciones arbitrarias.
La postura de Macri, vinculada a una política de mano dura y represión contra manifestantes y desposeídos, es suficientemente conocida. La de Filmus incluye el "traspaso progresivo de la Policía a la Ciudad" (muy similar a la del actual jefe de gobierno, más allá de los fuegos de artificio entre ambos), la creación de una Policía de Tránsito (no por el grave problema de la inseguridad vial, sino para "reasignar las funciones que cumple hoy la Policía Federal en esta materia"), poner más efectivos en la calle (tema mencionado dos veces en cuatro párrafos, que también es tratado por Telerman, sin que ninguno explique cómo evitaría el predecible aumento del número de muertos y heridos por gatillo fácil), "fortalecer el control policial sobre la institución policial y el contacto del barrio con su fuerza de seguridad" mediante la adecuación de los límites de las comisarías a los de las comunas, sin explicar tampoco cuál sería la fórmula mágica que permitiría lograr esos objetivos mediante un simple rediseño de los límites de las seccionales. Por otra parte, ninguno de ellos menciona siquiera un tratamiento de los problemas de la seguridad en el trabajo o la seguridad alimentaria, entre otros muchos aspectos del problema.
Más allá de estos importantes datos a tener en cuenta, nuestro interés puntual es denunciar, una vez más, el carácter represivo intrínseco de la PFA y de todo cuerpo institucional dedicado a ejercer el control social, por lo que todo nuevo disfraz, nombre, "purga" o cambio de mando no modificará su función: sostener los principios de la sociedad burguesa a la que responden y pertenecen. En su acción cotidiana, esto significa defender los bienes y derechos de quienes han podido acceder a ellos. Por lo tanto, en una sociedad capitalista, en la que la brecha entre ricos y pobres sigue creciendo, ninguna policía podría ser garante de los derechos humanos, aunque estuviera formada por personas sin antecedentes represivos y sus normas de actuación fueran las más democráticas, ya que su práctica necesariamente estará enmarcada en los intereses de la clase dominante.
La PFA es una institución cuyas prácticas sistemáticas, consentidas y en muchos casos especialmente fomentadas desde el Estado, son el producto de una larga tradición de crímenes contra los luchadores, los trabajadores y los pobres en general. Ya su antecesora, la Policía de la Capital –que tuvo una "Sección Especial" contra comunistas y otros opositores–, tiene antecedentes notables como el de Ramón L. Falcón –cuyo nombre ostenta la Escuela de Cadetes–, especialista en reprimir movilizaciones y desalojar brutalmente conventillos; como Leopoldo Lugones (hijo), a quien se le atribuyen las primeras utilizaciones represivas de la picana eléctrica en nuestro país; o como el coronel Calaza, quien desde el cuerpo de bomberos fue ejecutor (por orden presidencial) del único cierre del Congreso Nacional durante un gobierno constitucional. La actual PFA está teñida en sangre por la actuación de los torturadores Lombilla y Amoresano hace más de medio siglo; por el comisario general Alberto Villar y otros efectivos vinculados a la Triple A ; por los numerosos centros clandestinos de detención (permanentes o transitorios) entre 1975 y el final de la última dictadura ("El Atlético", "Olimpo", "Orletti", entre muchos otros); la de los asesinatos del 19 y 20 de diciembre de 2001; la de los brutales desalojos y represiones de los trabajadores de Bruckman, de los habitantes del Padelai, de los manifestantes frente a la Legislatura y en numerosos escraches; la de centenares de asesinatos de gatillo fácil, torturas y otros tratos inhumanos y degradantes durante el actual período constitucional; la de las exacciones ilegales a vendedores ambulantes y personas en estado de prostitución; la de las causas fraguadas (en tal número que llevaron a que el 27 de junio de 2000 el Ministerio Público de la Nación creara por la Resolución PGN 35/00 una "Comisión Investigadora de Procedimientos Policiales Fraguados"); la de la corrupción contra sus propios integrantes, que llevó a la remoción de uno de los últimos jefes de la fuerza.
No tenemos entonces ninguna expectativa en la creación de una fuerza nueva, por el contrario, creemos que se trata de un intento más de aggiornar su desprestigiada imagen para que, a fin de cuentas, todo siga igual. Todos queremos vivir en una sociedad segura. Pero "seguridad", para el pueblo, no tiene que ver con represión, sino con la tranquilidad de tener un trabajo y un salario digno, acceso a la vivienda, a la salud y la educación pública y gratuita: deseos genuinos por los que ninguno de los actuales o futuros candidatos del sistema se animaría a hacer una "consulta popular".
CORREPI SUR, 8/6/2007
EL VIEJO TRUCO DE CAMBIAR ALGO PARA QUE TODO SIGA IGUAL
Con muchas idas y vueltas, el gobierno porteño sigue proyectando realizar el próximo 24 de junio –en coincidencia con el ballotage para definir quién sucederá a Telerman–, la consulta popular sobre la creación de un cuerpo policial de la ciudad de Buenos Aires. En numerosos documentos anteriores hemos caracterizado el rol de las fuerzas policiales y denunciado su accionar criminal. Hoy, en el contexto de una campaña por la "seguridad" nada nueva –que no es otra cosa que una de las formas de la política de criminalización de la pobreza y de judicialización de la protesta–, tanto el actual jefe de gobierno de la ciudad como los principales candidatos a reemplazarlo coinciden en la idea de traspasar una parte de la PFA a competencia de la administración local.
La (extensa y engañosa) pregunta que se deberá responder es: "¿Está de acuerdo con que el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires promueva durante el año 2007 la creación de una policía con competencia en materia contravencional y de faltas, mientras sigue reclamando al Gobierno Federal la transferencia de los servicios de prevención y represión del delito que actualmente presta la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal y los recursos presupuestarios correspondientes?".
La propuesta de Telerman en este sentido es crear una fuerza propia, integrando los 800 efectivos de la Dirección General de Policía Comunitaria de la P.F.A. y, en el futuro, ir sumando otros efectivos de la misma institución. Pero además indica que la policía contravencional o de faltas debería estar armada, con lo cual la persecución a las contravenciones (más allá de ser inconstitucionales, como hemos planteado oportunamente), causarían un peligro mayor al que supuestamente intentan evitar.
Otros proyectos presentados en la Legislatura por diputados kirchneristas, macristas y de otras procedencias, añaden que esta nueva fuerza podría realizar detenciones por averiguación de identidad, facultad que viola claramente tanto la Constitución Nacional como la de la Ciudad de Buenos Aires y, por supuesto, el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Bulacio, que ordenó al Estado argentino poner fin a toda norma que permitiera detenciones arbitrarias.
La postura de Macri, vinculada a una política de mano dura y represión contra manifestantes y desposeídos, es suficientemente conocida. La de Filmus incluye el "traspaso progresivo de la Policía a la Ciudad" (muy similar a la del actual jefe de gobierno, más allá de los fuegos de artificio entre ambos), la creación de una Policía de Tránsito (no por el grave problema de la inseguridad vial, sino para "reasignar las funciones que cumple hoy la Policía Federal en esta materia"), poner más efectivos en la calle (tema mencionado dos veces en cuatro párrafos, que también es tratado por Telerman, sin que ninguno explique cómo evitaría el predecible aumento del número de muertos y heridos por gatillo fácil), "fortalecer el control policial sobre la institución policial y el contacto del barrio con su fuerza de seguridad" mediante la adecuación de los límites de las comisarías a los de las comunas, sin explicar tampoco cuál sería la fórmula mágica que permitiría lograr esos objetivos mediante un simple rediseño de los límites de las seccionales. Por otra parte, ninguno de ellos menciona siquiera un tratamiento de los problemas de la seguridad en el trabajo o la seguridad alimentaria, entre otros muchos aspectos del problema.
Más allá de estos importantes datos a tener en cuenta, nuestro interés puntual es denunciar, una vez más, el carácter represivo intrínseco de la PFA y de todo cuerpo institucional dedicado a ejercer el control social, por lo que todo nuevo disfraz, nombre, "purga" o cambio de mando no modificará su función: sostener los principios de la sociedad burguesa a la que responden y pertenecen. En su acción cotidiana, esto significa defender los bienes y derechos de quienes han podido acceder a ellos. Por lo tanto, en una sociedad capitalista, en la que la brecha entre ricos y pobres sigue creciendo, ninguna policía podría ser garante de los derechos humanos, aunque estuviera formada por personas sin antecedentes represivos y sus normas de actuación fueran las más democráticas, ya que su práctica necesariamente estará enmarcada en los intereses de la clase dominante.
La PFA es una institución cuyas prácticas sistemáticas, consentidas y en muchos casos especialmente fomentadas desde el Estado, son el producto de una larga tradición de crímenes contra los luchadores, los trabajadores y los pobres en general. Ya su antecesora, la Policía de la Capital –que tuvo una "Sección Especial" contra comunistas y otros opositores–, tiene antecedentes notables como el de Ramón L. Falcón –cuyo nombre ostenta la Escuela de Cadetes–, especialista en reprimir movilizaciones y desalojar brutalmente conventillos; como Leopoldo Lugones (hijo), a quien se le atribuyen las primeras utilizaciones represivas de la picana eléctrica en nuestro país; o como el coronel Calaza, quien desde el cuerpo de bomberos fue ejecutor (por orden presidencial) del único cierre del Congreso Nacional durante un gobierno constitucional. La actual PFA está teñida en sangre por la actuación de los torturadores Lombilla y Amoresano hace más de medio siglo; por el comisario general Alberto Villar y otros efectivos vinculados a la Triple A ; por los numerosos centros clandestinos de detención (permanentes o transitorios) entre 1975 y el final de la última dictadura ("El Atlético", "Olimpo", "Orletti", entre muchos otros); la de los asesinatos del 19 y 20 de diciembre de 2001; la de los brutales desalojos y represiones de los trabajadores de Bruckman, de los habitantes del Padelai, de los manifestantes frente a la Legislatura y en numerosos escraches; la de centenares de asesinatos de gatillo fácil, torturas y otros tratos inhumanos y degradantes durante el actual período constitucional; la de las exacciones ilegales a vendedores ambulantes y personas en estado de prostitución; la de las causas fraguadas (en tal número que llevaron a que el 27 de junio de 2000 el Ministerio Público de la Nación creara por la Resolución PGN 35/00 una "Comisión Investigadora de Procedimientos Policiales Fraguados"); la de la corrupción contra sus propios integrantes, que llevó a la remoción de uno de los últimos jefes de la fuerza.
No tenemos entonces ninguna expectativa en la creación de una fuerza nueva, por el contrario, creemos que se trata de un intento más de aggiornar su desprestigiada imagen para que, a fin de cuentas, todo siga igual. Todos queremos vivir en una sociedad segura. Pero "seguridad", para el pueblo, no tiene que ver con represión, sino con la tranquilidad de tener un trabajo y un salario digno, acceso a la vivienda, a la salud y la educación pública y gratuita: deseos genuinos por los que ninguno de los actuales o futuros candidatos del sistema se animaría a hacer una "consulta popular".
CORREPI SUR, 8/6/2007
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